El nuevo Plan de Emergencia Habitacional presentado a principios de 2021 demuestra, una vez más, que la Región de Bruselas se niega a hacer frente al fulgurante aumento de los alquileres.
No se trata de un cambio estructural ni de una inversión de tendencia. Con un plan así, los alquileres seguirán subiendo, las rentas abusivas seguirán existiendo. Los beneficios de los alquileres seguirán sin tributar, los poderes públicos seguirán financiando a los propietarios (principalmente ayudando a los pobres a pagar alquileres demasiado caros, AIS, subsidio, convenio, etc.), y seguirá habiendo un flujo continuo de dinero del sector público al privado. Este plan no es más que una solidaridad de la comunidad hacia los propietarios.
Mientras tanto, 47.000 hogares esperan una vivienda social, y entre un tercio y la mitad de los hogares de Bruselas tendrían derecho solicitar dicho alojamiento. El acceso a una vivienda es complicado y caro para los y las inquilinas de clase media y para la clase trabajadora, la situación es desastrosa. El mercado privado no es capaz ofrecer una respuesta de alojamiento digno para los hogares pobres: la competencia es inmensa, la vivienda es demasiado cara. Estos alquileres tan elevados tienen graves consecuencias en la vida de la gente: el 90% de las solicitudes de desahucio se producen por impago de alquiler. Este mercado excluye, debilita y amenaza la salud física y mental de las personas, por no hablar del poderoso racismo estructural empobrecedor y excluyente. Hay que recordar que el 41% de los niños de Bruselas viven en infraviviendas en alojamientos insalubres.
En otras ciudades europeas, en París, en Berlín, en Lille, en Escocia y otros lugares, las autoridades locales han tenido la valentía política de limitar los alquileres introduciendo un techo de precio máximo obligatorio. En Berlín, una decisión gubernamental ha llegado a imponer la congelación de los alquileres durante un periodo de 5 años para hacer frente a la subida vertiginosa de los mismos. En Bruselas, nada. Sin embargo, los ingresos han disminuido debido a la paralización parcial de la actividad económica, y con el aumento de los precios de los inmuebles, la proporción de los ingresos que se destinan al alquiler pesa cada vez más en los presupuestos de los hogares. Estamos en medio de una crisis económica y durante otras crisis económicas Bélgica sí ha actuado sobre los valores de los alquileres privados (ya sea cancelando deudas, limitando los aumentos, volviendo a los valores anteriores).
El plan de la Región de Bruselas no hace más que demostrar lo que ya sabíamos: tenemos que elegir entre encontrar una solución estructural para los/as inquilinos/as (y los hogares pobres), o garantizar la paz con los propietarios, el gobierno sigue eligiendo la defensa de la propiedad privada por encima de la defensa del derecho a la vivienda, recogido en la Constitución belga. Miles de personas en Bruselas necesitan una bajada del precio del alquiler. Tanto el parón de la actividad económica, como la demanda de quedarse en casa, como la importancia creciente de la vivienda en nuestra sociedad sumida en una crisis sanitaria hace que esta necesidad sea aún más acuciante.
Por eso exigimos:
- Una reducción inmediata de la renta del 25% en relación con el índice de la tarifa de alquileres existente hoy en día. Es decir, una vuelta a los alquileres de 2004 más la indexación desde entonces. Nos negamos a pagar la especulación inmobiliaria.
- Una renegociación de los créditos hipotecarios concedidos a los/as propietarios/as.
- La prohibición formal de especular con los alquileres durante al menos 5 años, con la imposición de una congelación de los alquileres tras el descenso.
- Transparencia de los datos catastrales. No sabemos a quién pertenece Bruselas. ¿Qué empresas inmobiliarias o fondos de inversión están comprando nuestras viviendas y subiendo los precios?
- Una contribución financiera de múltiples propietarios para ayudar a los inquilinos/as con dificultades, a las personas que están sin hogar y a las personas con o sin papeles que han perdido sus ingresos a causa de la crisis sanitaria. Los fondos públicos previstos en la PUL deben ser financiados por los ricos propietarios-arrendatarios de la capital.
- Una requisición inmediata y gratuita de los edificios vacíos para alojar a las personas que están sin hogar y una expropiación de los propietarios que dejan deliberadamente sus edificios abandonados para transformarlos en viviendas sociales (gestionadas por el SISP).
- La paralización de los desahucios. Las propuestas y las ideas existen, es el gobierno el que debe ponerlas en práctica.
Organizaciones firmantes:
Actrices et Acteurs des temps présents,
La Santé en lutte,
UTSOPI (Union des Travailleu(r)ses du Sexe Organisées Pour l’Indépendance),
Inter-Environnement Bruxelles (IEB),
CADTM – Comité pour l’abolition des dettes illégitimes,
DUNE asbl,
Angela.D,
Dérive,
Collecti.e.f 8 maars – Bruxelles,
SACOPAR asbl (Santé, Communauté, Participation),
AMO rythme,
Union des Locataires de Saint-Gilles asbl (ULSG),
CGSP ALR Bruxelles/ACOD LRB Brussel,
Le Piment asbl,
Présence et Action Culturelles (PAC),
Bruxelles Zone Antifasciste,
Fédération des Services Sociaux (FdSS),
Infirmiers de rue / Straatverplegers,
Syndicat des immenses,
POUR (pour écrire la liberté),
SMES,
Maison de Santé Potager, DSQ (Développement Social du Quartier Botanique),
Codes (Comité de Défense de Saint-Gilles),
Brigade de solidarité populaire Watermael-Boitsfort,
ULM (Union des locataires marollienne),
Progress Lawyers Network,
Fédération des maisons d’accueil et des services d’aide aux sans-abri (AMA),
Femmes Prévoyantes Socialistes (FPS),
ArtiCulE asbl,
Droit à un Toit/Recht op een Dak,
Design For Everyone,
Union des locataires de Schaerbeek,
Services Sociaux de Quartier 1030,
Le Cairn asbl,
Arau (Atelier de Recherche et d’action Urbaines),
Fami-Home,
Comité de Défense de Saint-Gilles (CODES), Union des Locataires de Forest,
Ligue des Droits humains,
RBDH / Rassemblement Bruxellois pour le Droit à l’Habitat, Équipes Populaires Bruxelles, les Ami.e.s du champ des Cailles…